La lista oficial de los investigados por el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro crece. Los nombres más conocidos en la versión del Gobierno, sin duda, son de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges y Juan Requesens, a quienes la Constituyente les allanó su inmunidad parlamentaria el miércoles 8 de agosto.

Un día antes, en cadena nacional, el mandatario nacional acusó a los parlamentarios de garantizar al jefe de la operación, el sargento retirado Juan Carlos Monasterio Vanegas, su ingreso a Colombia cuando tuvo problemas para acceder a ese país a través de la frontera con Táchira.

Maduro señaló a Borges de ser parte del plan con el apoyo del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a Requesens lo acusó de haber promovido el año pasado una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela.

El Jefe del Ejecutivo, citando la presunta confesión de Monasterio Vanegas, dijo que los diputados lograron la movilización del sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) gracias al funcionario de inmigración colombiano Mauricio Jiménez; sin embargo, no aportó más detalles sobre el extranjero.

Otro militar que fue mencionado como parte de la presunta conspiración fue el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, señalado por su participación en el ataque al Fuerte Paramacay en Carabobo durante 2017. La versión del Gobierno indica que el funcionario asesoró a la “organización criminal” para adquirir los drones.

Hasta este jueves 8 de agosto, la última versión gubernamental apunta a 25 investigados.

Primeras detenciones

A tres horas del atentado, Maduro aseguró que ya habían sido capturados parte de los autores materiales. En esa alocución, responsabilizó de participar en el ataque a la “ultraderecha venezolana y mayamera”, la “oligarquía colombiana” y al expresidente Santos.

El domingo 5 de agosto una minuta policial informó que a la 1:30 am el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo en Barinas a las primeras personas presuntamente involucradas en el magnicidio en grado de frustración: José Pinto, Brayan Oropeza y Yanni Pernía.

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Más tarde ese día, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, precisó que en total había seis detenidos que ya habían sido procesados. Agregó que uno de ellos tenía orden de captura por estar implicado en el Fuerte Paramacay y otro había estado encarcelado por participar en “las guarimbas” de 2014, pero recibió una medida cautelar y estaba en libertad.

En una segunda tanda de detenciones, esta vez, en el estado Portuguesa fueron aprehendidos Alberto Bracho, José Estrada, Emilendris Benítez y Yolmer Escalona.

En su versión, el Gobierno insistió que la operación involucra una red de militares activos y retirados, facilitadores y presuntos financistas que colaboraron con la logística del ataque.

Desde transporte, hasta el suministro de alimentos y planificación de hospedajes, la versión oficial indica que al menos nueve personas prestaron apoyo en la operación. Algunas de ellas residenciadas en Estados Unidos y Colombia.

Sin rastro

Ni José Gregorio Blanco García ni Jemmy Ruiz aparecen en las minutas policiales como vinculados al caso. Sin embargo, aunque las autoridades no los hayan mencionado, actualmente están detenidos.

César Prieto denunció la desaparición de su hijo, José Gregorio Blanco, horas después de que uno de los drones explotara en el edificio Don Eduardo el 4 de agosto, a dos cuadras de la avenida Bolívar de Caracas. El hombre, quien es efectivo de Polichacao, salió de su casa a las 6:00 pm y sus familiares no volvieron a ver.

“Escuchamos la explosión y salimos a buscarlos. Vimos cómo la policía se llevó a varias personas. Al menos 10. Los agarraban, golpeaban y los montaban en la patrulla. Hemos ido al Sebin, a la sede de la Guardia de Honor y al Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero negaron que lo tuvieran”, señaló Prieto.

Extraoficialmente, por una fuente interna de El Helicoide, los familiares pudieron conocer que Blanco García permanece recluido en esa sede del Sebin.

Otro de los detenidos que no ha aparecido en pantalla durante las declaraciones oficiales es Jemmy Ruiz, trabajador residencial del Centro Empresarial Cipreses, el edificio desde donde despegó uno de los drones cargados de explosivos.

Allegados de Ruiz indicaron que efectivos de seguridad lo retuvieron en varias ocasiones para interrogarlo por los hechos. Sin embargo, no fue sino hasta las 10:00 am del miércoles 8 de agosto que uniformados de la Dgcim se llevaron detenido al hombre de 54 años.

A Ruiz se le señala de ser el responsable de dar acceso a dos de los implicados, Yanin Pernía y Brayan Oropeza, a la torre de oficinas. Efecto Cocuyo pudo conocer que el hombre tenía ocho años trabajando como conserje en el sitio.

EFECTO COCUYO