El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, mencionó que a cinco meses de creada la ANC, el pueblo pasa por la humillación de no tener qué comer, ni cómo sanar sus enfermedades


Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Zulia el pasado 15 de diciembre de 2017 y coordinador del partido Primero Justicia, se refirió a la ineficiencia de una institución (Asamblea Constituyente) fuera de todo orden, en medio de la peor de las crisis que se han producido en Venezuela.

“Para vender la ANC, los funcionarios del régimen le prometieron a la gente que iban a poder recobrar su libertad y podrían resolver sus problemas económicos. Sabían que mentían. Todo se ha profundizado y hoy se ratifica que la ANC fue creada para darle el golpe final a la democracia y firmar el acta de defunción de la República”, expresó Guanipa.

Mencionó que a cinco meses de creada la ANC, el pueblo pasa por la humillación de no tener qué comer, ni cómo sanar sus enfermedades. “Hoy más que nunca nosotros apostamos a la constitucionalidad para lograr que el país cambie y tenemos todos que estar concentrados en el objetivo fundamental que debe ser, sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, porque se ha convertido en el cáncer más grave y el enemigo número uno del pueblo”.

Guanipa también se refirió a la reunión de negociación pautada en República Dominicana, e informó que aunque hoy se debía avanzar, la oposición no acudió a la junta.

“No participamos en primer lugar porque para nosotros es indispensable la observación internacional y los cancilleres de México y Chile anunciaron que no asistirán enviándole un mensaje fuerte a Nicolás Maduro. Y en segundo lugar por la actitud del gobierno de mentir flagrantemente sobre el caso de Oscar Pérez. Lo que hizo el ministro Reverol no tiene nombre ni apellido”.

Agregó que independientemente de las acciones que cometió Pérez, era un ser humano que tenía derechos constitucionales que fueron vulnerados cuando tomó la decisión de rendirse. “Acabaron con su vida y con la de quienes lo acompañaban porque en este país la vida de cualquier persona no vale absolutamente nada”.

El ministro del Interior venezolano, el presidente del Tribunal Supremo y el número dos del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, figuran en la lista de altos cargos a los que la UE impondrá sanciones por la situación en el país, indicó a la AFP una fuente diplomática.

BRU1 BRUSELAS (BÉLGICA) 23/10/2013.- Fotografía de archivo tomada el 7 de junio de 2006 que muestra una bandera de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Eurpea (CE) en Bruselas (Bélgica). La Comisión Europea (CE) descartó ayer que la Unión Europea (UE) entre en una situación de cierre administrativo prolongado o "shut-down" al estilo estadounidense, pero instó a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a cerrar un acuerdo que asigne fondos adicionales al presupuesto de 2013. EFE/Olivier Hoslet

Preocupada por el “deterioro” de la democracia y los derechos humanos en el país sudamericano, la UE ya adoptó en noviembre una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y de material que podría usarse para la “represión interna”.

Los europeos decidieron entonces no imponer sanciones individuales contra “responsables de graves violaciones de derechos humanos” y aquellos cuyas acciones “atenten de alguna manera contra la democracia o el Estado de derecho en Venezuela”, a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

La elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que rige como poder absoluto en el país, supuso el punto de inflexión para la adopción de sanciones por parte de un bloque ya preocupado por los cuatro meses de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

Tras adoptar los embargos sobre las armas, los europeos deciden aplicar sanciones individuales, como ya hicieron Canadá y Estados Unidos.

Según la fuente diplomática, varios de los sancionados son responsables de las fuerzas de seguridad venezolanas, como el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González, o el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides.

La lista de sancionados se completa con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, así como Tarek William Saab, quien sustituyó como fiscal general a Luisa Ortega tras huir esta del país al denunciar persecución política.

AFP

En su informe 2018 que será presentado este jueves en Washington, la ONG de referencia mundial en derechos humanos también señaló violaciones y abusos en México, Bolivia, Cuba, Turquía y Birmania, reseña Infobae

A protester holds a national flag as a bank branch, housed in the magistracy of the Supreme Court of Justice, burns during a rally against Venezuela's President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela June 12, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo      SEARCH "POY GLOBAL" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2017 PACKAGES.    TPX IMAGES OF THE DAY

Por Francisco Seminario 18 de enero de 2018
Desde Washington DC

Si un año atrás Human Rights Watch alertaba sobre la amenaza que representaba a nivel global el auge del populismo autoritario, que ponía en peligro las garantías de derechos básicos y favorecía los abusos por parte de líderes autócratas en todo el mundo, incluida América Latina, en su nueva evaluación anual la organización de derechos humanos vuelve a poner el foco sobre ese mismo riesgo, insiste en la necesidad de resistir su avance, pero celebra el hecho de que el fenómeno parece hoy “menos inevitable”.

El Informe Anual 2018 de Human Rights Watch, un trabajo de 148 páginas que hoy se presenta en esta capital, resalta en primer término la importancia de la “resistencia popular” al desafío autoritario, impulsada en muchos casos “por líderes políticos que tienen la valentía de defender los derechos humanos”. Esto “ha posibilitado que el futuro de las aspiraciones populistas sea más incierto”, afirma en la evaluación Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, que dedica al régimen “despiadado y autocrático” de Nicolás Maduro en Venezuela un capítulo destacado entre las consideraciones iniciales.

También otros países latinoamericanos reciben observaciones críticas en el relevamiento de HRW, entre ellos Bolivia, Cuba y México. En el caso de la Argentina, el informe señala “problemas de derechos humanos de larga data”, como abusos policiales, condiciones deficientes de detención, violencia endémica contra las mujeres, restricciones al aborto y, entre otras cosas, la “preocupante” impunidad en el caso del atentado contra la AMIA, en 1994, al tiempo que destaca avances en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura. Además, llama la atención sobre la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala y la muerte del artesano Santiago Maldonado en Chubut.

Fuera del contexto regional, el trabajo releva con particular inquietud “las atrocidades en masa” que proliferaron “con absoluta impunidad” en países como Yemen, Siria, Birmania y Sudán del Sur.

El caso de Venezuela es, entre los países de América latina, el que más atención recibe por la gravedad de la situación. El presidente Nicolás Maduro, sostiene HRW, “siguió destruyendo la democracia y la economía venezolanas con la excusa de estar protegiendo a los indefensos frente a quienes él califica de imperialistas”. Sin embargo, “a medida que su gobierno se volvió más despiadado y autocrático, su gestión corrupta e incompetente de la economía se convirtió en una realidad inocultable”.

Como resultado de esto, observa el informe, “multitudes salieron a las calles en señal de protesta”, al tiempo que “algunos funcionarios desertaron del gobierno” y “una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en países vecinos”.

Según observa HRW, Maduro “consiguió mantenerse en el poder en gran medida mediante la violenta represión que estuvo dispuesto a desplegar”. Sostiene que el mandatario arremetió “de manera brutal contra opositores” aprovechándose de un Tribunal Supremo de Justicia “servil” y de una Asamblea Nacional Constituyente que él creó “para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional”.

La represión y las detenciones dieron lugar a graves casos de torturas perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas, que según el informe llevaron a cabo golpizas violentas y sometieron a manifestantes a descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. Entre abril y noviembre unas 5400 personas fueron detenidas por el régimen autoritario de Maduro, muchos de los cuales enfrentan ahora causas penales con mínimas garantías.

Miles de venezolanos fueron detenidos por el régimen chavista las marchas del año pasado
Miles de venezolanos fueron detenidos por el régimen chavista las marchas del año pasado
En ese contexto, dice la organización, no resulta claro por cuánto tiempo más el pueblo venezolano permitirá que Maduro permanezca en el poder, y señala que aunque los líderes populistas corren con la ventaja de explotar el poder del Estado, la resistencia muestra que al autoritarismo se le contrapone una lucha y “que muchas personas no se quedarán de brazos cruzados mientras los autócratas avasallan sus derechos y libertades fundamentales”.

El capítulo dedicado a Cuba incluye una larga serie de consideraciones, entre ellas que el régimen castrista mantiene la represión y los castigos al disenso y las críticas. Y si bien registra un menor número de detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y periodistas independientes que en el año previo, la cifra de 2017, afirma, fue “igualmente alta”, con más de 3.700 casos entre enero y agosto. Las detenciones son casi siempre de corta duración y según HRW persiguen el objetivo de intimidar y hostigar a los críticos del régimen.

Además, el informe recoge datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que informó sobre decenas de presos políticos. “El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos y cuyos casos no pueden documentar”, observa HRW.

En Bolivia, según registró durante el último año Human Rights Watch, el gobierno de Evo Morales generó “un clima hostil para los defensores de los derechos humanos” y persisten la impunidad en delitos violentos y la falta de independencia en un Poder Judicial “gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política”.

Los médicos bolivianos protagonizaron violentas protestas contra el gobierno de Evo Morales (AFP)
Los médicos bolivianos protagonizaron violentas protestas contra el gobierno de Evo Morales (AFP)
Y en México el informe resalta que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto “miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado”.

Capítulos dedicados a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras completan el panorama regional de los derechos humanos en 2017.

“La principal enseñanza que dejó el último año es que, a pesar de los considerables obstáculos, la defensa de los derechos humanos puede ser exitosa si median los esfuerzos adecuados”, resalta HRW, que hace un firme llamado a la acción contra del populismo y a abandonar las posiciones aislacionistas de las potencias occidentales. China y Rusia, que según la organización “forjaron sólidas alianzas con gobiernos represivos”, han intentado sacar ventaja del vacío que en muchos casos dejaron Estados Unidos y las democracias europeas. Esto sólo puede conducir a un mundo más fragmentado, advierte la organización, en el que “a menudo se permiten atrocidades en masa”.

En este sentido, HRW llama la atención sobre los casos de Turquía, “donde el presidente Recep Tayyip Erdogan diezmó impunemente el sistema democrático”; de Egipto, “donde el presidente Abdulfatah al Sisi reprimió el disenso público”, y denuncia que el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salman, “presuntamente con la venia de aliados occidentales, encabezó una coalición de Estados árabes en guerra contra rebeldes hutíes y sus aliados en Yemen, que bombardeó y asedió a civiles”.

Birmania, según HRW, es un ejemplo del costo que tiene no hacer nada frente a los ataques populistas contra los derechos humanos. “La corrosiva retórica nacionalista difundida progresivamente por budistas radicales, altos mandos de las fuerzas birmanas y algunos miembros del gobierno civil contribuyó a propiciar una campaña de limpieza étnica contra los musulmanes rohinyá”, indica el informe. Y destaca que “estos son los mismos delitos que la comunidad internacional se había comprometido a no tolerar jamás”.

Un grupo de rohinyás desembarcan en Bangladesh en el río Naf river. La limpieza étnica contra esta minoría por parte de las autoridades birmanas causo una crisis humanitaria (Masfiqur Sohan/NurPhoto via Getty Images)
La acción internacional en el caso de Siria se vio obstaculizada por los vetos y amenazas de vetos de Rusia y en ocasiones también de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, según consigna Human Rights Watch. Las atrocidades masivas cometidas allí han quedado hasta ahora fuera del alcance de la Corte Penal Internacional. En este caso, la organización hace un llamado concreto: “Cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad está dispuesto a usar su poder para encubrir las atrocidades de un aliado -en este caso, mientras también proporcionaba apoyo militar- es muy importante que se analicen vías alternativas para defender los derechos fundamentales”, señala el informe.

¿Es posible observar 2017 con mirada retrospectiva y albergar alguna cuota de optimismo? Según señala Roth sobre las posibilidades de éxito en la batalla contra el autoritarismo en sus distintas versiones, “la voluntad de los líderes democráticos de hacer frente a este desafío y defender los derechos humanos no ha sido constante. Hace un año, cuando los populistas parecían tener viento a favor, eran pocos los que se atrevían. Sin embargo, en el último año esto ha empezado a cambiar, y los efectos son tangibles”.