Venezuela, miembro fundador de la OPEP y tradicional potencia petrolera del hemisferio occidental, padece un problema crónico, cuya sola formulación constituye toda una ironía: la escasez de combustible. La crisis, que ya ha sucedido en otras ocasiones, ha tocado de forma intermitente a Caracas, así como a varias zonas del país, sobre todo en la región occidental: los Estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

Filas de coches en una estación de Caracas, el pasado noviembre.

Hace tres días, usuarios enfurecidos bloquearon las calles y organizaron protestas por la falta de combustible en la ciudad andina de San Cristóbal, a media hora de la frontera con Colombia y a poco más de 800 kilómetros de Caracas. Los automovilistas hicieron filas de hasta ocho horas para poder abastecer sus vehículos. Otros han denunciado tener hasta dos meses sin servicio de gas. Episodios muy similares se vivieron en las ciudades de Mérida, Valera y Maracaibo —la segunda ciudad del país, capital del estado Zulia, entidad federal que es famosa por su vocación petrolera—. Barquisimeto, la cuarta ciudad en importancia en Venezuela, tiene vacías la mayoría de sus estaciones de servicio: colas de hasta 10 horas y servicios de abastecimiento parcial, que se desarrollan en las noches y dejan para el día siguiente a quienes no pudieron llegar al sumidero.

La producción actual del país roza los dos millones de barriles diarios, poco menos de la mitad de lo que producía en los años noventa. El progresivo deterioro de PDVSA, la otrora poderosísima estatal petrolera, es tenido por los expertos como la causa de la caótica situación actual. Los problemas con el abastecimiento de la gasolina comenzaron a agravarse, sobre todo, tras la tragedia industrial de Amuay, en agosto de 2012, una explosión en el mayor complejo refinador del país, que causó 41 muertos, 150 heridos y 500 hogares afectados. La mayoría parlamentaria que detentaba el chavismo en aquel entones bloqueó cualquier asomo de auditoría o interpelación en la Asamblea Nacional.

Algunos de los casos de corrupción más notorios y costosos para las arcas del país sudamericano en este tiempo han tenido a PDVSA como epicentro. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (control de cuentas), presidida por Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular —hoy asilado en la Embajada de Chile en Caracas— publicó el año pasado un voluminoso informe en el cual denuncia la existencia de pérdidas millonarias en casos de sobreprecios, sobornos, triangulación y legitimación de capitales. Señala de manera expresa la responsabilidad política y administrativa de Rafael Ramírez, el todopoderoso ministro de Energía y Petróleo durante el auge del chavismo.

En un proceso que lleva a cabo el fiscal general, Tarek William Saab, el Gobierno bolivariano ha lanzado una dura purga política contra Ramírez y otros dirigentes y gerentes de PDVSA, apoyado en las mismas acusaciones. Eulogio del Pino, exministro de Energía y Petróleo, y Nelson Martínez, expresidente de la compañía, junto a otros 65 altos gerentes han sido arrestados y llevados a juicio acusados de corrupción. Martínez también fue presidente de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA. A Citgo pertenece también buena parte de la gerencia que ha sido enviada a la cárcel.

Luego de las protestas de estos días, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, PDVSA emitió un comunicado en el cual reconocía las fallas y se excusaba con la población, añadiendo que las falencias eran debido “al rechazo de nuestros pagos del servicio de cabotaje por las sanciones del Gobierno estadounidense”. Los problemas de PDVSA han sobrepasado el ámbito cotidiano: una de las causas que con mayor frecuencia se comentan entre los entendidos en torno al motivo de la reciente marcha de varias aerolíneas internacionales del país guarda relación con las dificultades para reponer combustible.

El secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y dirigente del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, Iván Freites, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es el único responsable de la crisis que atraviesa actualmente PDVSA y que con la entrega de la Refinería Cienfuegos a la dictadura de los Castro se ha convertido en el gobierno más entreguista en la historia de Venezuela.

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“Soy trabajador en PDVSA desde 1983, cuando con apenas 17 años pasé a trabajar en la Refinería de Amuay. Hoy años después vemos la crisis de combustible, pero no es que sea un problema de distribución. Señores, en Venezuela se acabó la gasolina, no hay lubricantes, no hay gasoil para nuestros camiones. Pero no podemos dejar de preocuparnos por temas como la expropiación de la Refinería Cienfuegos por el régimen de los Castro con el beneplácito de Nicolás Maduro. Desde hace 15 años vemos como nuestros productos petroleros pasan primero por Cuba y tenemos que estar muy pendientes del buque Carlota C que hace tres días se ubicaba en la bahía de Sierra Maestra, porque busca llevarse nuestro aceite para Cuba. Lo que nosotros los venezolanos pagamos connuestro dinero lo entrega el régimen de Nicolás Maduro a la dictadura de los Castro”.

Acompañado de los diputados de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli y Manuela Bolívar, Freites denunció que actualmente mientras el régimen de Nicolás Maduro entrega las refinerías en el extranjero el 80% de las refinerías en Venezuela están paralizadas debido a la mala gestión en la principal industria del país. “En estos momentos únicamente la planta de Amuay y Cardón está funcionando, tenemos una paralización del 80% en las refinerías del país. Pero esto no significa que estemos produciendo, sino que en su lugar producimos desechos petroleros que luego se venden a las refinerías estadounidenses a precios muy bajos porque nosotros no lo podemos procesar. Nuestro país dio una vuelta en U en las relaciones laborales donde retrocedimos 80 años en nuestro producción y salarios, nuestra industria podría estar produciendo 6.000.000 de barriles diarios y un trabajador petrolero debería estar ganando 200.000 millones de bolívares al mes”.

Aseguró Freites que la caída en la producción se debe a que los personeros del régimen vieron que podían robar más dinero importando con un dólar a 10 bolívares que manteniendo la producción que había en PDVSA. En ese sentido, destacó que el argumento de la dictadura donde se culpa a las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU pierde fundamento ante las pruebas de corrupción que pesan sobre hombres como Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, quienes fueron ratificados en sus puestos por el régimen pese a las denuncias hechas por la oposición.

“Cuando llegaron al poder estos ladrones vieron que era mejor importar que producir, porque si bien la producción beneficia la economía del país la importación con un dólar a 10 bolívares era un gran negocio para sus bolsillos. Hace dos años Freddy Guevara presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República por el desfalco de 11.000 millones de dólares y ¿cuál fue la respuesta del régimen? En lugar de perseguir a los responsables lo que hicieron fue cerrar filas alrededor de los corruptos. Si hay una crisis en PDVSA no es responsabilidad de las sanciones de Trump u Obama, sino que es un daño que fue planificado por la dictadura Los únicos responsables fueron Nicolás Maduro, Hugo Chávez y de aquellos corruptos que manejaron PDVSA a su antojo”

Finalmente, reiteró que lo importante es recordar a los venezolanos que con un cambio político se podrá recuperar la productividad de PDVSA y la capacidad adquisitiva de los trabajadores venezolanos. “Confiamos en que se acercan tiempo de cambio y que cuando logremos salir del régimen de Nicolás Maduro veremos el renacer de la producción en Venezuela, veremos el resurgir de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales. Hay que decirle al país que si hay una solución a nuestra problemática, pero esa solución no pasa por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Stefanelli, denunció que el régimen de Nicolás Maduro está negociando la entrega de los activos de PDVSA a acreedores extranjeros a espaldas del pueblo venezolano y de los trabajadores petroleros porque busca aniquilar la acción sindical de esta importante industria.

“Queremos informarle al pueblo venezolano la gravísima situación que atraviesa nuestra industria más importante. Tristemente el primer país del mundo en declarar en default a Venezuela fue Cuba al anunciar que expropiarían las acciones de PDVSA en la Refinería Cienfuegos en la isla. Algo deben saber los cubanos sobre la situación actual, pero nosotros también podemos ver la crisis en la caída de la producción en 130.000 barriles en octubre. Pero lo peor de todo es que los venezolanos no saben nada de las negociaciones que lleva el régimen de Nicolás Maduro con los acreedores extranjeros, porque ante todo lo que desea la dictadura es anular la acción sindical en la industria petrolera a la vez que entrega nuestro petróleo a los extranjeros. Ratificamos hoy que estamos ante el régimen más entreguista en la historia de nuestra país”.

Nota de prensa

El fundador de la Organización Nacional de Trasplantes de España, Rafael Matesanz, alerta de que las donaciones en Venezuela se quedaron en cero durante 2017, lo que considera “una realidad angustiosa para los cerca de 6.500 enfermos que están esperando un órgano” en el país sudamericano.

EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Según afirma en un artículo publicado hoy por el servicio “Las Firmas de EFE”, esta situación “no significa obviamente que los venezolanos sean ahora menos generosos que antes”.

La ONTV (Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela) era la organización no gubernamental encargada de la donación y distribución de órganos hasta que, hace unos años, el Gobierno asumió su gestión.

Matesanz se hace eco de un comunicado de la propia ONTV según el cual “la actividad de obtención de órganos y trasplante de donante fallecido está suspendida desde principios de año en todos los hospitales. Ello es consecuencia del deterioro generalizado de los mismos, con graves consecuencias sanitarias de todo tipo”, entre ellas la ausencia total y absoluta de donaciones.

El experto español refiere asimismo “la tremenda angustia de los pacientes ya trasplantados hace tiempo, que dependen para seguir viviendo de inmunosupresores que simplemente no llegan a las farmacias ni a los hospitales”.

“Sus únicas vías de escape -sostiene- son adquirirlos en el mercado negro a precios abusivos, recurrir a algún familiar emigrado al extranjero o desplazarse puntual o definitivamente a Colombia u otro país del entorno”.

El doctor Matesanz, premio Príncipe de Asturias por su extraordinaria contribución a la red de trasplantes, recuerda que “Venezuela fue hasta hace unos años uno de los países más activos en el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante”, foro presidido por España donde están representados todos los países de habla española y portuguesa.

Frente a quienes consideran que en un contexto generalizado de dificultades sociales poco importa un sector tan reducido como los trasplantes, Matesanz afirma: “Muchas o pocas, se trata de vidas humanas y de mucho sufrimiento en un país irónicamente situado sobre un lago de petróleo”. EFE