Familiares no confirmaron si pudieron reconocer los cuerpos de los integrantes del movimiento liderado por el ex policía Oscar Pérez. La tía de este dijo no haberlo visto, aunque firmó la planilla en el que quedaría constancia de haber reconocido el cadáver de su sobrino, con la esperanza de que se lo entregaran. Los cuerpos están a la orden de un tribunal militar. La opacidad informativa apunta a que la dictadura busca ocultar evidencias de esta nueva masacre de la era madurista.

Resultado de imagen para MASACRE EN EL JUNQUITO

 

Sigue el hermetismo estadal sobre el operativo que terminó con la ejecución extrajudicial del ex policía Oscar Pérez y otros seis compañeros. Familiares acudieron a la morgue de Bello Monte este miércoles para exigir que les entreguen los cuerpos y así confirmar las aseveraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sobre el deceso de Oscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lizbeth Andreina Ramírez Mantilla.

Luego de permitírseles la entrada a la morgue, los cuerpos no fueron entregados. Más temprano les informaron que los cadáveres estaban a disposición de un tribunal militar y que no serían entregados hasta que no fuese autorizado.

La información que ha corrido por la opacidad del régimen en el caso, es la pretensión de que los cuerpos sean incinerados, a objeto de eliminar cualquier evidencia para una investigación a futuro.

Esto violaría la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario, en cuyo artículo 24 establece que es un familiar o persona facultada quien puede autorizar la cremación. Por otra parte, el artículo 28 de la misma ley impide la incineración de un cuerpo sometido a un proceso de investigación penal o científica.

Eliminar evidencias

La ONG Provea alertó sobre la posible destrucción de evidencias físicas en el caso conocido como la masacre de El Junquito, que podrían conducir a la ilegal cremación de los restos mortales de Oscar Pérez y sus acompañantes. “En el pasado reciente, las autoridades venezolanas han incurrido en este tipo de prácticas, que afectan las investigaciones en casos de presuntas violaciones de derechos humanos e impiden el hallazgo de la verdad y la justicia por parte de los familiares y la colectividad”, recordó Provea.

Los familiares, quienes han expresado públicamente su negativa a que los restos sean cremados, llenaron formularios con los datos de los occisos, cuya planilla indicaba que habían visto el cuerpo del occiso, aunque ninguno lo había hecho. La tía de Oscar Pérez confirmó que no pudo verlo, aunque sí firmó el documento, con la promesa que al día siguiente se lo permitirían. De ello no hay garantía. El resto de los dolientes no declaró a la prensa, notándose afectados por la situación.

A través de un video difundido por el canal Univisión, la madre de Oscar Pérez exigió que le fuese entregado el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura. A su juicio, mientras no haya un cadáver que le confirme la muerte, su hijo sigue vivo.

“Debido a las circunstancias violentas que rodearon la muerte de estos ciudadanos, el Ministerio Público, con sujeción a lo que establece la normativa vigente y conforme al principio de debida diligencia, debe realizar las actuaciones necesarias para garantizar la preservación de los cadáveres”, destaca la ONG a la vez que cita el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado por el Ministerio Público en 2012.

 

tiaoscarperezDolientes firmaron acta post mortem aunque no se les permitió ver los restos de sus familiares

 

Dicho instrumento establece que la cadena de custodia es considerada como “la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales o físicas, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso”.

A su vez, el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, establece que “luego de realizado el protocolo de autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos que no se vayan a conservar, y debe embalsamarse bien el cadáver a fin de facilitar una segunda autopsia si se desea hacer en algún momento futuro”.

El Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas del Ministerio Público, también establece que al concluir la autopsia “se deberá reintegrar al cadáver, todos los órganos que se examinaron, lo cual evitará complicaciones en caso de exhumaciones”.

Entierro de Heyker Vásquez

Mientras tanto, entre custodia policial y disparos en el barrio 23 de Enero en Caracas, se dio el funeral de Heyker Vásquez, líder del colectivo armado Tres Raíces.

Reverol no explicó la participación de Vásquez en el operativo armado contra el ex policía sublevado, aunque el periodista Deivis Ramírez reveló luego en su cuenta en Twitter que este y el supervisor jefe Andriun Domingo Ugarte Ferrer, policía fallecido, eran la misma persona.

El constituyente Diosdado Cabello confirmó la noche de este miércoles en su programa Con el Mazo Dando la participación del líder del grupo paramilitar, aunque omitió si se trataba o no del mismo funcionario. Alegó que había sido llamado por Oscar Pérez y siendo asesinado por Díaz Pimentel, integrante del grupo rebelde.

Previo al diálogo

El caso de Oscar Pérez se da justamente en la antesala a un nuevo encuentro para el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, con un señalamiento por parte de Reverol sobre la presunta filtración de información por parte de dirigentes políticos, en plenos diálogos de paz, para dar con el paradero de Pérez.

Los asesores de la MUD desmintieron las acusaciones, advirtiendo sobre posibles pretensiones del Gobierno por entorpecer el proceso de negociación. La Asamblea Nacional, por su parte, investiga la operación llevada a cabo por la Policía Nacional y las Fuerzas de Acciones Tácticas Especial (FAES), la cual culminó con siete ejecuciones extrajudiciales, aplicándose la pena de muerte en un país cuya práctica, violatoria de DD HH, no está aprobada.

El anuncio de la muerte del líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero, Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, este lunes durante el operativo en el que se abatió a Óscar Pérez y a algunos de sus compañeros, generó cuestionamientos sobre qué hacía un civil en medio de ese operativo policial.

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Este martes, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, dio parte del número e identidades de las personas muertas en esa operación y de los detenidos, entre ellos el del propio exfuncionario rebelde del Cicpc y de dos agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) abatidos. Uno de ellos es el fallecido supervisor jefe Andriun Domingo Ugarte Ferrera; pero el nombre de Vásquez Ferrera no figuró entre ellas, para sorpresa y suspicacia de muchos.

Con el correr de las horas se develó ese detalle que faltaba, aunque de la misma manera ni Reverol o alguna autoridad del Estado ha aclarado la situación: el fallecido dirigente del grupo que hace vida en la populosa zona del oeste caraqueño y PNB caído en el supuesto enfrentamiento ocurrido en la carretera hacia la parroquia El Junquito aparentemente son la misma persona.

 

 

El periodista Deivis Ramírez fue uno de los primeros en dar con la respuesta a esta incógnita, hasta el momento no aclarada por ningún vocero oficial. Según se conoció también, Vásquez Ferrera portaba sus credenciales como miembro de la PNB y al momento del tiroteo estaba uniformado como integrante del grupo de Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la PNB.

¿Dos personas, dos vidas diferentes?

El nombre de Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera aparece en los registros del Saime con la cédula V.-16342391 y figuró hasta el año 2010 como empleado de la Corporación de Servicios del Distrito Capital, según datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Por su parte, Andriun Domingo Ugarte Ferrera ostentaba la CIV 16598461, pero no hay datos sobre él en el registro del Ivss, por lo que no es posible precisar si era o no legalmente funcionario activo de la PNB.

Curiosamente, según se pudo verificar en la data del Consejo Nacional Electoral (CNE) ambas cédulas están registradas como activas para votar y, además de coincidir en el último apellido, están registrados en el mismo centro electoral, la Unidad Educativa Nacional 23 de Enero de dicha parroquia.

 

También como extraño dato, las fechas de nacimiento que portan ambas identificaciones coinciden en el mes de nacimiento: 20/05/1984 para Heyker y 29/05/1981 para Adriun.

Se presume que otros tres de los fallecidos, aparte de pertenecer a la PNB, también figuraban como miembros de  Tres Raíces, lo que corroboraría viejas denuncias que aseguran que grupos civiles tendrían privilegios para actuar como organismos parapoliciales.

La cuenta en Twitter @Dignidadmp, manejada supuestamente por funcionarios del Ministerio Público partidarios de la fiscal Luisa Ortega Díaz, denunciaron además que Vásquez Ferrera tenía antecedentes penales por los cargos de homicidio y extorsión.

El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Mario Moronta, aseguró hoy que la petición a la Fiscalía del presidente Nicolás Maduro de investigar unas homilías por si existió “delito de odio” van en contra de toda la Iglesia católica del país.

Monseñor Mario Moronta (Foto archivo)

Según Moronta es innecesario investigar porque los prelados hicieron “señalamientos que son del conocimiento público”, pero que en el caso de que la Fiscalía lo considere, “ahí están los discursos, ahí están las homilías”.

“Ni van a encontrar en ningún momento ningún llamamiento al odio, ninguna invitación a la violencia, como en efecto sí lo podemos ver en muchas de las expresiones que incluso ayer se dijeron”, agregó.

“Lo que ha sido dicho contra ellos dos es contra todo el episcopado y contra toda la Iglesia católica, porque nosotros no somos un cuerpo de gente aislada”, afirmó Moronta en una entrevista en la emisora Circuito Éxitos.

Durante la procesión del pasado domingo en honor a la Divina Pastora, una de las más multitudinarias del mundo, tanto el arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, como el obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, lanzaron fuertes críticas contra el Gobierno que ayer fueron respondidas por Maduro con esta petición al Ministerio Público.

Basabe pidió a la Virgen librar a Venezuela de “la peste” de la corrupción política que, dijo, llevó al país “a la ruina moral, económica y social”, así como de la “peste de la indiferencia que no nos permite entender que el futuro de Venezuela no lo construyen unos pocos, sino que será fruto del esfuerzo de todos”.

Maduro se refirió a los curas durante la presentación de su balance de gestión ayer frente a la Asamblea Constituyente, no reconocida por el Parlamento, de mayoría opositora, como “diablos con sotana”.

El también obispo de San Cristóbal señaló hoy que en el caso de detención o represalia contra estos miembros de la congregación “el Gobierno, todo el Estado, va a tener que enfrentar no solamente a la Iglesia en Venezuela, que no se va alzar, que no se va a ir a la violencia, sino (…) va a ser un problema de carácter internacional”.

“No solamente por las relaciones que hay con la Santa Sede sino también porque muchos gobiernos van a darse cuanta de que aquí el Estado de Derecho (…) está siendo vulnerado”, añadió.

Aseguró que, de darse esta hipotética situación, “el Gobierno va a tener que echar para atrás”.

Efe