Estiman que legalmente el petro "no tiene fundamento". José Toro Hardy convino en que "parece más bien un título de la deuda pública", mientras que el experto Tony Boza alegó que “una de las ventajas es que sería la primera criptomoneda que posea una especie de híbrido, pues es un cripto activo, la primera que tiene un respaldo del mercado petrolero”.

 

 

Caracas.- Desde la inminente entrada en vigencia de la criptomoneda “petro”, la divisa digital oficial respaldada por reservas petroleras, con la que se espera obtener recursos financieros para enfrentar la crisis económica que azota al país, se han generado una serie de controversias tanto nacional como internacionalmente.

 

Tal es el caso presentado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, cuando advirtió este martes a sus inversionistas sobre los riesgos legales que podrían enfrentar si decidieran invertir en esta moneda.

 

En el escrito se argumentó que “esta operación puede exponer a los estadounidenses, ya que Washington implantó sanciones contra Caracas en agosto de 2017”.

 

El economista José Toro Hardy aseguró que “ahora es muy difícil que el ciudadano o empresa norteamericana, puedan negociar con el petro, sin embargo el problema no es solo lo que hagan los particulares u organismos extranjeros, el problema principal es que el petro luce inconstitucional, conforme a las leyes venezolanas”, alegó.

 

En una entrevista con El Universal, Hardy detalló que si el Gobierno respalda el petro con reservas petroleras, violenta el artículo 12 de la Constitución Bolivariana y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se establece que “las reservas de petróleo nacional son impredictibles e inalienables, por tanto no pueden ser dadas en garantía”, afirmó.

 

A su vez, agregó que esta iniciativa no reúne las características de una criptomoneda, “parece más bien un título de la deuda pública”, lo que en tal caso sería también inconstitucional, “ya que el artículo 312 establece que no  pueden existir obligaciones entre las deudas financieras del Estado venezolano, que no estén respaldadas por una Ley de Crédito Público o aprobada por la Asamblea Nacional”, expresó.

 

Por otra parte, se ha ventilado que esta criptomoneda reúne características esenciales paralelas al Bolívar, “lo que también es inconstitucional porque en el artículo 318 se establece que el signo monetario de la República es el bolívar, de manera que frente a todas estas situaciones legales no parece que el petro vaya a tener mucho futuro en el mercado nacional”, puntualizó Hardy.

 

Algunos análisis

 

En su más reciente informe, Torino Capital concluyó los términos del Decreto 3.196, publicado el 8 de diciembre de 2017 en Gaceta Oficial, a través del que se establece que cada petro estará respaldado por la adquisición de un barril de crudo.

 

“Las criptomonedas respaldadas en materias primas  otorgan a los tenedores el derecho de intercambiar una unidad de la moneda por el activo subyacente. Pero el petróleo que respalda al petro no ha sido extraído del subsuelo, por lo tanto, es físicamente imposible para el Gobierno darle al tenedor del petro un activo a cambio de su moneda”, indicó el economista jefe Francisco Rodríguez.

 

Alegó que este respaldo “terminaría siendo prácticamente simbólico, pues parece poco probable que el Gobierno tenga la intención de intercambiar petros por el precio en dólares de un barril de crudo venezolano”, concluyen.

 

Ventajas y desventajas

 

“Una de las ventajas es que sería la primera criptomoneda que posea una especie de híbrido, pues es un criptoactivo, la primera que tiene un respaldo del mercado petrolero”, aseguró el economista Tony Boza.

 

Refirió que esta moneda vendría siendo una especie de “centralidad recluida para cualquier inversionista”.

 

Por su parte, hay quienes opinan que esta moneda “solo colaboraría con las finanzas del Ejecutivo nacional, para evadir las sanciones internacionales en el marco financiero”.

 

Así lo determinó Jose Ignacio Guarino, experto en gerencia financiera, “si las criptomomendas se afianzan  o son reguladas por los Estados, entonces los bancos centrales pierden lo más importante, que es la política monetaria”.

 

Venezuela  tiene la intención de destinar 38 millones de petros a inversionistas institucionales en una preventa que durará un mes y que comenzará el 15 de febrero. El Gobierno espera recaudar $1.300 millones

Los cuerpos de Abraham y Jairo Lugo fueron sepultados la noche de este sábado en el cementerio de La Chinita de Maracibo, en el Zulia, ante la presencia de la comisión especial de la Asamblea Nacional.

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La información la dio a conocer la diputada Delsa Solorzano a través de su cuenta Twitter, quien detalló que en el lugar se econtraba el también legislador José Luis Pirela.

Antes del entierro, un grupo de personas manifestaron en el mencionado campo santo, donde que se encontraba militarizado por la espera de los cuerpos sin vida de los hermanos insurgentes, caídos durante el operativo donde también fue abatido el exagente de la policía científica Oscar Pérez.

 

“Un héroe no muere al ser asesinado, sino al ser olvidado”, dicía una frase escrita en una pancarta con la que los ciudadanos esperan recibir los restos mortales de los rebeldes.

Foto: Lenin Danieri

Foto: Lenin Danieri

Jairo y Abraham Lugo forman parte del grupo de seis hombres que cayeron abatidos el pasado lunes junto al exagente de la policía científica Oscar Pérez, en el operativo desplegado en el kilómetro 16 de la carretera Nueva Mamera. En el hecho también resultaron muertos una fémina, dos policías, mientras otros ocho oficiales fueron heridos. El caso es conocido hoy por la opinión pública como “la masacre de El Junquito”.

Pérez y su equipo de rebeldes eran solicitados por la justicia nacional por el secuestro de un helicóptero de la policía científica el pasado 27 de junio, con el que atacó con bombas sonoras la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); también eran buscados por asaltar el comando de la Guardia Nacional de San Pedro de Los Altos, en el municipio Guaicaipuro de la entidad mirandina la madrugada del 18 de diciembre del año pasado.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) tildó este jueves de “masacre” el operativo policial del lunes en el que murieron 9 personas, entre ellas el ex agente policial Óscar Pérez, quien se rebeló contra el Gobierno de Nicolás Maduro. EFE

Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)

La jerarquía católica emitió un comunicado en el que “denuncia la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares”.

“Este acto nos pone ante la degradación e irrespeto de la dignidad y los derechos humanos atinentes a cualquier persona”, prosigue el escrito de la CEV en el que exigen a las autoridades una investigación sobre dicha operación.

Los obispos venezolanos cuestionan en el texto “la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento y la utilización de grupos civiles armados” en el operativo, defendido por el Ejecutivo.

Ante tal situación piden a la Fiscalía “que vele por la entrega a los familiares de los cuerpos de los fallecidos”, que no se ha dado 72 horas después del operativo policial y “evitando la cremación, sin autorización de estos, para determinar la causa de la muerte”.

Pérez se rebeló contra Maduro el pasado mes de junio cuando sobrevoló Caracas con un helicóptero de la Policía científica y disparó contra dos edificios oficiales sin causar heridos o muertos.

Desde entonces grabó desde la clandestinidad varios videos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno chavista, y el mes pasado asaltó junto a sus hombres una base militar de la que sustrajo armamento y sometió a los soldados, a los que les recriminó su lealtad hacia Maduro.

Antes de ser abatido el ex agente de 36 años difundió en las redes varios videos en los que pedía entregarse para salvar las vidas de los “civiles inocentes” que decía que había en la vivienda donde se atrincheró en la localidad de El Junquito, en la Gran Caracas.