Un centenar de familiares de presos se concentraron este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, para exigir que sean identificados los 37 muertos que dejó un motín en el centro de detención de la ciudad, reseña AFP.

VEN10 - PUERTO AYACUCHO (VENEZUELA), 16/8/2017.- Familiares de reos permanecen en las inmediaciones de la morgue del Hospital central "José Gregorio Hernandez" mientras funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana custodian las inmediaciones del recinto hoy, 16 de agosto del 2017, en la ciudad de Puerto Ayacucho, Venezuela. Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, informó hoy el Ministerio Público (MP). EFE/Pedro zapata

“Los cadáveres están apilados en la morgue” del hospital José Gregorio Hernández “y los familiares están esperando que el Ministerio de Interior y Justicia identifiquen a las víctimas y entreguen sus restos”, dijo a la AFP vía telefónica Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, cuya capital es Puerto Ayacucho.

Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con al menos 37 muertos, informó la Fiscalía -sin precisar si todos son reclusos-, y 14 funcionarios heridos.

Medios de comunicación locales publicaron en la mañana del jueves en redes sociales fotografías de los familiares frente al hospital, aguardando por la lista de víctimas mortales.

Guarulla denunció que ocurrió “una masacre” durante el ingreso de una unidad especial del ministerio de Interior al Centro de Judicial de Amazonas, que -sostiene- albergaba a 103 internos.

El gobernador, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ratificó que 61 presos fueron trasladados a otros penales tras el hecho y que uno aprovechó la confusión para fugarse.

El ministro de Interior, general Néstor Reverol, responsabilizó a Guarulla por la reyerta, pues “es un retén policial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación de Amazonas”. Ya las instalaciones fueron tomadas por el gobierno nacional, agregó.

Según las ONG defensoras de los derechos de los reos Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones, los 37 fallecidos son presos.

El motín reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.

AFP

El presentador de Venezolana de Televisión, constituyentista cubano y ex diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha perdido la demanda por “difamación” contra la empresa Dow Jones & Company Inc., dueños de The Wall Street Journal, que interpuso en mayo de 2016 y que tuvo que enmendar dos veces por errores de forma y de fondo.

Diosdado Cabello, diputado a la AN por Monagas (GPP)

El artículo publicado por The Wall Street Journal el 18 de mayo de 2015, escrito por José de Córdoba y Juan Forero, explica que un grupo funcionarios venezolanos son sospechosos y están siendo investigados por haber convertido a Venezuela en un centro del narcotráfico internacional. El reportaje cita a unas 12 fuentes entre quienes se encuentran fiscales que participan directamente en la investigación que se le sigue al demandante, Diosdado Cabello.

Cabello Rondón debía demostrar en la Corte de Nueva York que era falso que la fiscalía de Distrito lo está investigando por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico internacional y el lavado de dinero.

En su demanda, Diosdado Cabello indicó que un artículo del Wall Street Journal del 18 de mayo de 2015 afirmando que el político venezolano era investigado por narcotráfico “causó y continúa causando enorme daño” a su “reputación y buen nombre”.

“El artículo contiene alegaciones falsas y difamatorias de que el querellante ha estado envuelto en actividades criminales vinculadas con tráfico de drogas y lavado de dinero”, señaló la demanda, mencionando “daños económicos sustanciales” y pidiendo una compensación monetaria no precisada.

El diputado Cabello demandó por difamación a 22 directivos de los medios lapatilla.com, Tal Cual y el diario El Nacional, por haber reproducido una nota del diario español ABC, donde el exjefe de escoltas de Hugo Chávez, lo acusó de participar en tráfico de drogas.

En la sentencia, se puede observar que la Corte ha decidido “motivado a que Cabello ya ha enmendado su demanda dos veces y no ha solicitado una oportunidad para la enmienda adicional, la corte declina dar Cabello una oportunidad de enmendar su queja. Por lo tanto, el caso es desestimado con perjuicio”.

Información en desarrollo

Agentes de inteligencia allanaron este miércoles la casa de la fiscal general Luisa Ortega, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo, un diputado disidente del chavismo acusado de extorsión, señaló la funcionaria.

Foto: El Nacional

AFP

“En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo”, escribió Ortega en Twitter.

La fiscal, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en la residencia, en el norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su “lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”.

La Fiscalía pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción.

“Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia”, dijo este miércoles el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer “esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad” como diputado, añadió.

Cuatro motocicletas y siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) permanecían en la tarde del miércoles frente al domicilio de Ortega, observó un equipo de la AFP.