La última prueba balística de Corea del Norte tiene respuesta. El Consejo de Seguridad procede a dar un nuevo giro de tuerca a la batería de sanciones que aplica al régimen de Pyongyang al adoptar una resolución que restringe de una manera drástica sus importaciones de productos petroleros refinados y da un plazo de dos años a los empleados que tienen en el extranjero para volver al país

Sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

 

Corea del Norte realizó este año una veintena de lanzamientos de misiles, el más potente el pasado 29 de noviembre. Estados Unidos buscaba la prohibición total de las importaciones de petróleo y que se impusiera una congelación a los bienes del Gobierno norcoreano y de su líder supremo, Kim Jong-un. Era una opción extrema que habría supuesto el veto de China y de Rusia.

La resolución cierra el grifo de crudo a cuatro millones de barriles anuales y limita las importaciones de productos refinados como el diésel y el queroseno a medio millón de barriles. Eso representa un recorte del 90% en el suministro que nutre su economía. En paralelo, se restringen sus exportaciones de productos alimentarios, maquinaria, equipamiento eléctrico, madera y barcos.

El texto fue redactado por EE UU y negociado con China, principal suministrador de energía de Corea del Norte. También pide a todos los países de la ONU que se abstengan de exportar equipamiento industrial, maquinaria, vehículos para el transporte y metales industriales. El objetivo es cortar las vías de ingresos del régimen. Estas restricciones se suman a las que se adoptan por la vía unilateral.

La resolución se aprueba al concluir la presidencia de Japón en el Consejo de Seguridad. El último misil intercontinental, con el que Pyongyang se declaró potencia nuclear, tendría capacidad para alcanzar cualquier punto de EE UU. Pekín está aceptando así que se eleve más la presión, ante las continuas provocaciones, aunque insiste en que la solución de la crisis debe ser diplomática.

Tercera resolución

Este año se adoptaron tres baterías de sanciones. La anterior fue el pasado 11 de septiembre, ocho días después de que Corea del Norte realizara su sexto ensayo nuclear, y fue la más potente. Entonces se prohibieron las importaciones de gas natural líquido y condensado, y se prohibieron sus exportaciones de productos textiles y se negó la concesión de nuevos permisos de trabajo.

EE UU, Francia y Reino Unido insisten en que, para que la reprimenda sea efectiva, las sanciones deben ser aplicadas por todos los miembros. La resolución cita expresamente que Corea del Norte sigue exportando productos prohibidos y nutriéndose de petróleo con transferencias barco a barco. Para evitarlo, se autorizan inspecciones a buques sospechosos de realizar actividades ilícitas.

La embajadora de EE UU ante la ONU, Nikki Haley, dijo que estás sanciones están diseñadas para afrontar un reto sin precedentes. "Más sigan desafiando, más castigo y aislamiento sufrirán", advirtió. El representante francés Fracois Delattre asegura que "aplicar la máxima firmeza es el mejor antídoto a la guerra". "Le estamos ofreciendo un camino diferente para que abandone", dijo.

La resolución urge, en paralelo, que se reanuden las conversaciones de las seis partes y reitera la importancia de lograr una solución “pacífica, diplomática y política” de la crisis para preservar la estabilidad en la región. La lista negra incluye 19 nuevos individuos relacionados con el desarrollo del programa nuclear y armamentístico. Pyongyang argumenta que tiene el derecho a defenderse.

El gobierno brasileño repudia el continuado acoso del régimen de Nicolás Maduro a la oposición venezolana con la arbitraria disolución de los gobiernos municipales de Caracas y Alto Apure y la imposición de exigencias que comprometen la participación de importantes partidos de oposición en el proceso electoral, reveló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

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En la misiva, afirman que “son medidas que desmienten el anunciado interés del gobierno venezolano en buscar una solución negociada y duradera para la crisis”.

Así mismo, Brasil insta al Gobierno de Maduro a “reconocer la gravedad del cuadro humanitario y autorizar la necesaria ayuda internacional para hacer frente a las carencias que afligen a la sociedad venezolana, en particular en materia de salud y alimentación”.

“Brasil reitera su firme disposición en donar medicamentos y alimentos al querido pueblo venezolano”, finaliza el comunicado.

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó hoy el procesamiento y la prisión preventiva dispuestos sobre la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, informaron fuentes judiciales.

Cristina Fernández a prisión preventiva por presunto encubrimiento a terroristas

La Cámara Federal ratificó hoy las medidas que había adoptado el pasado 7 de diciembre el juez Claudio Bonadio y que la exmandataria apeló días después.

Además de procesarla, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la mutua judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.

Pero como Fernández (2007-2015) tiene fueros parlamentarios tras haber asumido este mes una banca en el Senado, el juez solicitó a la Cámara Alta que le despoje de esa protección.

Según informó hoy el Centro de Información Judicial, la Cámara Federal también confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del excanciller Héctor Timerman, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer. EFE