El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para evaluar la situación en Siria especialmente a raíz de la ofensiva turca lanzada este fin de semana en el cantón kurdo de Afrin, que ya ha provocado las primeras muertes de civiles a ambos lados de la frontera. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, solicitó este encuentro tras departir con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, en una conversación telefónica durante la que pidió a Turquía “actuar con contención”. Le Drian mostró preocupación por la intervención turca en un momento en que “la situación humanitaria se deteriora en varias regiones de Siria como consecuencia de las operaciones militares emprendidas por el régimen de Damasco y sus aliados”, afirmó citando los ejemplos de Guta (en el extrarradio de Damasco y dónde sus 400.000 habitantes están sometidos al cerco del régimen sirio) e Idlib, provincia donde los movimientos hacia Afrin de Turquía y las facciones de rebeldes sirios leales a Ankara han sido aprovechados por el Ejército regular y sus aliados iraníes para avanzar posiciones. También Estados Unidos pidió a Turquía, socio de la OTAN, "moderación" en su ofensiva y que "limite duración y objetivos" de la operación para evitar la muerte de civiles. Irán, por su parte, pidió el "fin inmediato" de la incursión turca.

Tanques turcos cerca de la frontera Siria, este domingo.

Tanques turcos cerca de la frontera Siria, este domingo.  EFE

 

Las autoridades turcas dieron este sábado el pistoletazo de salida a la operación “Rama de olivo” contra las Unidades de Protección Popular (YPG), milicia kurdo-siria vinculada al grupo armado kurdo-turco PKK, con el que Turquía mantiene una guerra desde hace décadas en el sureste de Anatolia y que está incluido en las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea. Combatientes del Ejército Libre Sirio (ELS) junto a tanques y blindados turcos penetraron este domingo por tierra en el cantón de Afrin, situado en la esquina noroccidental de Siria, y avanzaron hasta cinco kilómetros en su interior. Según informó el primer ministro turco, Binali Yildirim, el objetivo son los “entre 8.000 y 10.000 terroristas”, en referencia a los efectivos de las YPG. “Si Dios quiere, terminaremos esta operación en muy poco tiempo”, afirmó por su parte el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

 

De acuerdo con información del Observatorio Sirio de Derecho Humanos (OSDH), institución con sede en Reino Unido pero amplios contactos sobre el terreno, en la mañana del domingo se produjo un “intenso intercambio de fuego” en torno a la aldea de Balia, en el norte de Afrin, a través de la cual las fuerzas turcas trataron de rompe las líneas defensivas de las YPG. Las fuerzas turcas afirmaron haber tomado al menos tres aldeas anteriormente en manos de la milicia kurda. Las YPG respondieron con sus propios medios y, en la localidad de Kilis, del lado turco de la frontera, cayeron cuatro proyectiles durante la noche aunque sólo se produjo un herido leve, según informó la delegación provincial del Gobierno. Peor parada salió la localidad turca de Reyhanli, al oeste de Afrin, en la que cayeron una decena de proyectiles lanzados desde el lado sirio matando al menos a una persona (un refugiado sirio, según los medios turcos) e hiriendo a otras 37.

La agencia ANHA, ligada a la organización kurda, publicó imágenes en las que sostiene que los milicianos de Afrin habrían neutralizado un carro blindado turco con armas antitanque. De hecho, Turquía se queja de que EE UU ha enviado numerosas armas a las YPG en el marco de la lucha contra el Estado Islámico en Siria.

Turquía penetra en Siria en su ofensiva contra kurdos aliados de EE UU
 

El avance turco fue precedido de bombardeos aéreos. Decenas de cazas F-16 golpearon más de 250 objetivos en las primeras 24 horas de intervención. “Objetivos que eran utilizados como refugios, escondrijos y depósitos de munición por las organizaciones terroristas”, aseguró el mando de las Fuerzas Armadas en un comunicado. El Observatorio Sirio informó de que ha documentado la muerte de al menos siete militantes de las YPG y de otros 6 civiles a consecuencia de los bombardeos turcos, incluido un niño de ocho años “Creemos que la cifra de muertos porque hay algunas personas (heridas) en situación crítica”, añadió el OSDH.

Una fuente del Gobierno turco explicó a este diario que “se han tomado las medidas necesarias para evitar las bajas civiles” y que la Media Luna Roja ha establecido campamentos para acoger a la población que huya de Afrin en la población de Azaz, situada en territorio sirio pero controlada por el Ejército turco y sus aliados locales. La misma fuente afirmó que “miles de civiles” habrían abandonado las áreas controladas por las YPG en dirección a Alepo pero que la milicia kurda lo ha impedido y trata de usar a estas personas como “escudos humanos”, punto que no ha podido ser contrastado de forma independiente.

El Gobierno Autónomo de Afrin. por su parte, acusó al régimen sirio, Rusia y urquía de haber alcanzado un pacto para permitir la ofensiva. De hecho, los rusos han replegado sus fuerzas presentes en el área. Por eso, los dirigentes kurdos decretaron la “movilización general” de su población y llamaron a los jóvenes a que se sumen a la defensa del territorio. “Todos deben saber que el pueblo de Afrin no se rendirá jamás y que resistirá hasta la victoria. Afrin será el fin de Erdogan”, advirtió el Ejecutivo cantonal.

Túnez es una pequeña mancha verde rodeada por el color azul de las dictaduras en el mapa de las libertades y los derechos humanos que hace anualmente Freedom House, un think tank de Estados Unidos con medio siglo en su experiencia de poner notas a los países en función de su calidad democrática. Con una valoración de 70 puntos sobre 100, Túnez está muy cerca de los países de la Unión Europea peor clasificados, como Hungría (72) o Bulgaria (80), pero muy por encima de los que le siguen en el mundo árabe, que son Líbano (43), Marruecos (39) y Jordania (37), considerados solo como parcialmente libres.

Celebración, el pasado 14 de enero, del séptimo aniversario de las revueltas de 2010,  que acabaron con la dictadura de Ben Ali.

Celebración, el pasado 14 de enero, del séptimo aniversario de las revueltas de 2010, que acabaron con la dictadura de Ben Ali.  NURPHOTO / 

Túnez siempre ha sido un caso aparte, una excepción, normalmente para bien, desde su independencia. De todo el entorno árabe, la sociedad tunecina es la más próxima a la mentalidad europea, con la que comparte las ideas de separación entre religión y Estado, de igualdad de la mujer y el tipo de sistema de escolarización mixta. Y esto no ha sido una conquista de la actual Constitución,una de las más paritarias del mundo, sino que tiene sus raíces en el régimen implantado en 1956 por Habib Burguiba, el padre fundador de la patria rápidamente convertido en dictador. También es un país sin grandes recursos energéticos y con escaso valor geopolítico, a diferencia de muchos de sus vecinos, y por tanto sin las adicciones ni los conflictos con frecuencia virulentos que suscitan su control.

Hace siete años Túnez fue el país de vanguardia donde prendió la chispa de la oleada de revueltas conocida como Primavera Árabe y luego el único que protagonizó una transición exitosa, mientras en el resto de la región las revueltas y las transiciones fueron fracasando una detrás de otra; o ni siquiera se intentó instalar regímenes democráticos; cuando no mutaron en terribles guerras civiles y en el caos de los estados fallidos.

Ahora en Túnez se ha disparado la señal de alarma ante una nueva oleada de protestas de gran virulencia, que han conducido a más de 800 personas a los calabozos policiales, en protesta por las medidas de austeridad y los aumentos de impuestos del gobierno y por el temor a una regresión de la democracia. Perjudicado por la inestabilidad y por el impacto del terrorismo en su principal fuente de ingresos, que es el turismo, el país necesita intensas reformas en el gasto público, recortes del tamaño de una administración que gasta la mitad del presupuesto, y reducciones de su déficit público por debajo del 5 por ciento, objetivos todos ellos que se traducen en medidas impopulares.

Las dudas sobre la viabilidad de la democracia en todo el mundo eclipsan el debate sobre la compatibilidad entre islam y democracia

La revuelta que prendió en Túnez en diciembre de 2010, y liquidó el régimen en apenas tres semanas, levantó enormes esperanzas de democratización de la región, como si hubiera empezado una nueva oleada de transiciones liberalizadoras. A siete años vista está claro que la caída de Ben Ali no fue como la del Muro de Berlín, que culminó con el hundimiento del entero sistema comunista y la desaparición de la Unión Soviética dos años después. Al contrario, el balance de las Primaveras Árabes es desolador, de forma que donde no hay caos y guerra civil hay regímenes autoritarios en muchos casos todavía más asentados que antes.

También han cambiado las hegemonías geopolíticas en el conjunto de Oriente Próximo. Estados Unidos, convertido con Donald Trump en abierto factor de inestabilidad, se ha retirado y despreocupado, algo que ya hizo desde la presidencia de Obama. Rusia ha regresado, militarmente incluso, y China ha incrementado su protagonismo, especialmente inversor y comercial. Las rivalidades entre las potencias regionales, como Turquía, Irán y Arabia Saudí, se han exacerbado, en forma de guerras por procuración, en Yemen, Libia y Siria, y sobre todo en la competencia por la hegemonía entre Riad y Teherán, inmersas en una guerra fría sectaria que desestabiliza todo el entorno.

El islamismo político, vencedor inicial de las revueltas, ha fracasado rotundamente como fuerza de Gobierno. El golpe militar que terminó con la presidencia de Mohamed Morsi en Egipto ha sido un revés de largo alcance para los Hermanos Musulmanes, del que han tomado buenas lecciones dirigentes islamistas como Rachid Ganuchi. Una de las más notables excepciones tunecinas es que el partido En-Nahda (Renacimiento), dirigido por Ganuchi, decidió abandonar el islamismo, que mezcla actividades religiosas y asistenciales con la acción política, para convertirse en una formación demócrata musulmana reformista, lo más parecido a los partidos demócrata cristianos, organizaciones laicas de inspiración religiosa pero sin dependencia de la institución eclesial.

Siete años después de la ‘primavera’, esta república sigue siendo la vanguardia y la excepción en un mapa árabe cada vez más sombrío

En estos siete años, el modelo islamista ha naufragado asimismo en la versión turca del Partido de la Justicia y del Desarrollo (AKP), que en un principio pretendió inspirar a los islamistas de las primaveras árabes y ha terminado hundido en la deriva personalista y autocrática de Erdogan. La revuelta tunecina de hace siete años fue el principio de un terremoto cuyas réplicas todavía no han terminado y ni siquiera se sabe hacia dónde se dirigen. Si Túnez regresara al autoritarismo quedaría clausurada para mucho tiempo una esperanza que ahora todavía se mantiene viva, a pesar de las dificultades, cifrada en la compatibilidad entre islam y democracia.

Túnez fue el detonante, pero no un modelo, que nadie siguió, y ahora puede entenderse ya sea como el testigo de una esperanza o como una excepción que confirma por sus especiales condiciones la regla de incompatibilidad entre democracias liberales e islamismo. La identificación entre religión y Estado, el uso meramente instrumental de la urnas para alcanzar de forma irreversible el poder y la idea estratégica de un régimen teocrático regido por la sharía, argumentos fundamentales sobre dicha incompatibilidad, no se dan en Túnez, donde el partido antiguamente islamista ha ganado elecciones, ha participado en el poder y también ha sido desalojado de forma civilizada.

El cambio más notable en estos siete años, entre la revolución de los jazmines y la actual revuelta económica tunecina, es el declive de la idea democrática misma, no en el mundo árabe, sino en el mundo a secas. Los tunecinos quieren asentar su democracia constitucional e incluso profundizarla, justo en un momento de reflujo democrático global. Si entonces la idea democrática ocupaba el horizonte de las expectativas, ahora ha sido sustituida por la exhibición del autoritario modelo de éxito económico asiático.

Quien mejor personifica la nueva matriz es el príncipe heredero y hombre fuerte saudí, Mohamed bin Salman (MBS), con su proyecto de modernización económica y social, inspirado en el éxito de Emiratos Árabes Unidos, y especialmente de Dubai, réplicas monárquicas y árabes de la fórmula de desarrollo autoritario chino. Basta comparar Túnez con Arabia Saudí, uno de los países peor clasificados del mundo en libertades y derechos humanos por Freedom House. Tiene una nota de solo 7 puntos y su objetivo es alcanzar a Emiratos, que también está en el grupo de los peores, con 17. Incluso China, con 14, supera a los saudíes. Por cierto, estos son países que gustan a Donald Trump. No Túnez, que no tiene petróleo ni le compra armas.

Las sombras bailan en las paredes a la luz de una precaria vela. La joven Aminata Correa recibe a los visitantes en su casa de Banjul con una mueca de resignación. “No hay luz, ni tampoco agua. Así llevamos seis meses, viene y va”, asegura. Los constantes apagones son una de las principales quejas de los gambianos un año después de la caída del dictador Yahya Jammeh, hoy en el exilio en Guinea Ecuatorial. Se respira un ambiente de mayor libertad, pero la decepción por la desatención de los problemas reales de los ciudadanos se extiende mientras el Gobierno trata de controlar el malestar en los cuarteles, aún plagados de partidarios del ex presidente.

Una mujer saluda a militares de un contingente africano a su llegada a Banyul, capital de Gambia, el 22 de enero de 2017.

Una mujer saluda a militares de un contingente africano a su llegada a Banyul, capital de Gambia, el 22 de enero de 2017.  REUTERS

El pasado 11 de enero, a tres meses de las elecciones locales, el Gobierno decidió suspender los mítines políticos hasta nueva orden. La drástica medida se produjo tras una semana de enfrentamientos entre partidarios del actual presidente Adama Barrow y de su antecesor en el cargo que acabaron con decenas de heridos. Ya en noviembre, el Ejecutivo prohibía a un grupo de jóvenes del barrio capitalino de Westfield manifestarse en contra de los recurrentes cortes de luz y agua. La decisión gubernamental se basó en la misma ley que permitió al antiguo régimen enviar a opositores a prisión. El temor a una desestabilización en la calle atenaza a los nuevos dirigentes.

Y no sólo en la calle. Desde el pasado verano ha habido un constante goteo de soldados detenidos, hasta una quincena, todos sospechosos de conspirar contra el nuevo Ejecutivo e incluso de estar en contacto para ello con su ex comandante en jefe, el mismísimo Yahya Jammeh. El riesgo de involución es tan alto que Senegal, el principal apoyo militar del Gobierno actual, ha elevado la alerta, la presencia de las fuerzas de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) se ha prorrogado un año más y el presidente Barrow llegó a intercambiar unas palabras al respecto con su homólogo ecuatoguineano y anfitrión del ex dictador gambiano, Teodoro Obiang, durante la última Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Existe un fundado temor a que se hayan producido torturas y periodos de detención ilegales contra los militares sospechosos de conjura. Y es que el servicio secreto de Jammeh tan solo cambió de nombre y de jefes. No ha habido una depuración a fondo y las viejas prácticas persisten. “La gente ya no tiene miedo a que le delaten y a desaparecer de la noche a la mañana”, asegura la periodista y ciberactivista gambiana Aisha Dabo, “pero el Gobierno debería demostrar su apuesta por las libertades y por la defensa de los Derechos Humanos de manera más clara”.

En la oficina del antiguo opositor Amadou Scattred Janneh, en pleno centro de Serrekunda, se reúne un grupo de víctimas de la dictadura. Entre ellas destaca la presencia de la joven Phateema Sandeng, hija del político Solo Sandeng cuyo asesinato el 14 de abril de 2016 desencadenó el cambio político en Gambia. “Queremos justicia, que se reconozca el sufrimiento de nuestras familias”, asegura con voz firme. Ella es miembro de una asociación que está recabando todos los testimonios para intentar llevar a Jammeh ante los tribunales, un complicado proceso que pretende seguir el ejemplo del juicio contra el ex dictador chadiano Hissène Habré en Dakar.

El Gobierno de Barrow y el nuevo Parlamento salido de las legislativas del pasado abril han dedicado un año a dotarse de mecanismos para investigar y actuar contra los 22 años y medio de dictadura: una comisión de Derechos Humanos, otra de la Verdad y la Reconciliación y una más para inventariar los bienes de Jammeh, que ya han sido congelados y pasarán a manos del Estado. “Sin embargo, los problemas reales de los ciudadanos, el paro, la falta de horizontes, siguen estando ahí. Es como si se estuviera más pendiente del pasado que del futuro”, explica Dabo.

Ya existe un Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 con el acento puesto en energías, salud, infraestructura, agricultura y turismo, para lo que el Ejecutivo cuenta con el apoyo de inversores extranjeros, desde la UE hasta China pasando por el Banco Mundial. Sin embargo, su elevado nivel de deuda externa, de hasta un 120% de su PIB, pone en peligro la viabilidad del esperado despegue económico previsto para este año. El dalasi, la moneda nacional, ya está sufriendo las consecuencias y ha perdido valor en los últimos meses.

Una buena muestra de que las cosas no han cambiando demasiado es que el flujo de emigrantes en ruta hacia Europa aún no ha descendido. En los seis primeros meses de 2017 casi 5.000 jóvenes gambianos alcanzaron las costas de Italia, consolidando a este pequeño país de apenas dos millones de habitantes en uno de los mayores emisores de emigración clandestina. Muchos de ellos estaban ya en camino, pero otros emprendieron viaje tras la llegada del nuevo régimen.