De las 4.228 protestas ocurridas entre enero y el 15 de septiembre de 2018, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado o grupos parapoliciales. Dentro de este ranking, los más atacados fueron los reclamos por comida y las entidades donde se registró más represión fueron Distrito Capital, Barinas y Zulia

Autor: Génesis Carrero Soto y Daniel Acosta | Infografías: Juan Carlos Solórzano


Si bien la represión por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes protestan durante 2018 no tiene comparación con la violencia generada en las manifestaciones de 2017, hay una variante fundamental: este año los cuerpos de seguridad obviaron la queja política casi completamente para concentrarse en dispersar, prohibir y reprimir las quejas de índole social.

De las 4.228 protestas ocurridas en 2018, hasta el 15 de septiembre, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado, el 6,36%.

Los reclamos por comida, referidos a escasez o a problemas en la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron las más atacadas. De las 290 protestas registradas durante el período, 59 fueron respondidas con violencia (20,3%).

Le siguen las manifestaciones por problemas en el suministro eléctrico, con 57 de 434 protestas reprimidas (13,1%), y luego las de índole político con 9,9% del total; es decir, 36 de 363.

Las cifras, aportadas por El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, son solo números que reflejan lo que Jonnys Urrieta y su hermano vivieron en carne propia cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliLara arremetieron contra su comunidad con golpes y perdigones para intentar llevarse a Jonnys a “quién sabe dónde”.

Yogore, un caserío del municipio Morán en el estado Lara, es el asentamiento donde viven los Urrieta y en el que toda la comunidad vivió el terror el pasado 24 de abril. Ese día, funcionarios de la PNB agredieron a los vecinos que habían trancado la vía Barquisimeto-Quíbor que conecta con El Tocuyo desde el día anterior a las 6:00 PM, para reclamar que tenían más de tres meses sin recibir la bolsa de alimentos del programa social del Estado.

“Estábamos protestando desde la tarde anterior y como a las 6 de la mañana llegaron los policías, dijeron ‘¿tú eres Jonnys?’ y trataron de llevarme preso. La comunidad lo impidió, pero el más agredido fue mi hermano, que le dieron un tiro de perdigones de goma en las dos piernas y le hicieron 38 puntos de sutura por las perforaciones. A mí, además de golpearme, me robaron un bolso donde tenía los sellos del Consejo Comunal, del CLAP y de la Ubch de la que soy vocero principal”, cuenta Urrieta.

La Guardia Nacional ha tomado la batuta de la represión | Foto: AFP

En la zona “la policía actuó con saña y rabia”, relata Lisbeth Rodríguez, otra de las vecinas de Yogore. Afirma que “ellos (la PNB) golpeaban a todo el mundo, las mujeres también fueron agredidas, mi sobrina estaba embarazada y le dieron una cachetada… La policía nunca había actuado así, ellos mismos decían que traían orden de la Almirante. Ella, la gobernadora (Carmen Meléndez) y que fue la que los mandó”.

Le represión le costó a Jonnys mucho más que moretones y el mal recuerdo. Enfrentarse a los cuerpos de seguridad fue una marca que sirvió para que posteriormente le quitaran la coordinación del programa Manos a la Siembra, con el que trabajaba en seis escuelas del municipio larense.

Hoy, en Yogore las neveras siguen vacías y las cajas CLAP que llegan tienen gusanos y productos en mal estado, tal como lo denuncian sus vecinos. Pero ellos no han vuelto a las calles a reclamar.

“El pueblo de Yogore es de los más fuertes y no dudo que pronto vamos a volver a salir”, dice Elizabeth Rodríguez, otra de las mujeres que presenció aquella mañana de violencia y persecución.

“Sin guardar las apariencias”

De acuerdo a la data de El Termómetro de la Calle, es la Guardia Nacional (GNB) el ejecutor de la mayor cantidad de acciones violentas para disuadir protestas en todo el país. El cuerpo castrense es responsable de casi el 45% de las acciones represoras registradas. Le sigue la PNB con el 16%, las policías regionales (12,6%) y operaciones conjuntas entre varias cuerpos del Estado (8,9%). Destaca la enorma participación que tienen grupos parapoliciales (colectivos, civiles armados), que incluso llegan a operar en conjunto con uniformados.

Al respecto, Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que no solamente los uniformados son represores. “Una práctica común ha sido la de reprimir en conjunto cuerpos de seguridad con civiles armados, también llamados colectivos paramilitares, para pretender zafar al Estado de responsabilidad directa. Sin embargo, en los operativos de seguridad como los de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se reprime a los más pobres en los barrios sin mucho protocolo de guardar las apariencias”.

Patiño explica que la de este año es “una represión más selectiva”, a diferencia de la de 2017, cuando “hubo una rebelión popular y era más generalizada”.

El balance de Provea al respecto refiere que los cuerpos de seguridad han incumplido con la tarea de brindar entornos seguros a los manifestantes. Provea ha documentado en apenas seis meses y medio (de enero a julio de 2018) el asesinato de quince personas en protestas por alimentos y/o servicios públicos, de los cuales al menos seis son responsabilidad “clara” de agentes de la fuerza pública.

De acuerdo a Provea, 14 de las víctimas fatales que dejaron de saldo las protestas del primes semestre de 2018, murieron por impactos de bala, y una por el golpe de un objeto contundente.

“Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia, 215 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. En cinco años y medio de gobierno, Maduro acumula la más alta cifra de personas muertas en protestas desde el año 1990”, expone el balance de la organización.

Entre los casos documentados por Provea está el del joven José Alberto Materán Valero, de 19 años, asesinado el pasado 9 de enero por un impacto de bala durante una protesta por alimentos en la población de Guanare, (Portuguesa), que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. En esa manifestación también resultó herido de bala César Antonio Torres Fernández.

Otro de los casos que resalta del informe de Provea es el de Anderson Luis Oliveros Núñez, un menor de 15 años asesinado el 23 de abril mientras participaba en una protesta contra la interrupción del servicio eléctrico en la Circunvalación 3, cercano al barrio La Antena, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Oliveros fue impactado por una bala presuntamente disparada por un conductor que transitaba por el sector.

Todos estos fallecimientos se dieron en el contexto de reclamos de índole social, motivados por fallas en el servicio de agua, de luz o por falta de alimentos. Patiño asegura que la represión, más que algún patrón, responde a la intolerancia a la crítica y la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque la represión no llega al 10% de las manifestaciones, se enfocan en aquellas de carácter social | Foto: EFE

“Históricamente en Venezuela predominan las protestas sociales, laborales, por servicios públicos y de ese tipo, salvo en 2014 y en la rebelión de 2017 cuyos ciclos de protestas fueron políticos. En 2018 la crisis económica y social obliga a los ciudadanos a manifestar por sus derechos, pero aisladamente, sin conducción política la cual está muy debilitada. En consecuencia, al predominar la protesta social, esta es reprimida”, opina Patiño.

En este contexto, El Termómetro de la Calle precisa que las entidades federales con mayor represión hasta el momento son el Distrito Capital, con 54 protestas atacadas, Barinas con 33 y Zulia con 30.

La ley es letra muerta

El artículo 68 de la Constitución venezolana establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. La Carta Magna contiene al menos dos artículos más que respaldan el derecho a protestas sin permiso previo y pacíficamente.

Pero, “¿qué pasa cuando a uno le quitan ese derecho? Uno se queda en el aire porque te quitan esa posibilidad de quejarte, de que los demás se enteren que algo está mal”. El cuestionamiento lo hace Henry Mayora, un abuelo agredido el pasado 1 de septiembre en una protesta en la avenida Urdaneta, en pleno centro de Caracas, cuando funcionarios de la PNB lo empujaron, halaron y agredieron verbalmente.

En zonas populares también actúan cuerpos parapoliciales, incluso en conjunto con el Estado | Foto: AFP

“Estamos allí y dejábamos pasar ambulancias y emergencias. La protesta era muy buena y a las 12 y media los policías se pusieron un poco torpes, nos pidieron abrir la calle y le dijimos que no abriríamos hasta que llegara Sudeban. Estábamos protestando porque nos engañaron, porque dijeron que abrirían los bancos para los pensionados ese sábado y fue mentira, pero en lugar de ayudarnos a resolver, nos empujaron y patearon y hasta se burlaron de nosotros. Entonces, ¿a qué tiene uno derecho en este país si ni quejarse puede?”, se pregunta Mayora.

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