Vanesa, una venezolana indocumentada, tenía cuatro meses y medio de embarazo cuando fue arrestada por las autoridades de Curazao en su residencia y la trasladaron a una estación policial donde asegura que le gritaron y la lanzaron contra una pared por negarse a recoger del piso uno de sus aretes por temor a que la golpearan.

La mujer, que declinó ser identificada, dijo que fue transferida a las llamadas “Barracas de Extranjeros” y allí lo único que le dieron de comer durante los primeros 10 días de su detención fue pan con mantequilla de maní, y además no le suministraron atención médica. Luego la deportaron a Venezuela y, al acudir a un hospital, los médicos le dijeron que su bebé había muerto.

La historia de Vanesa forma parte del informe de Amnistía Internacional (AI) “Detenidos y deportados: a los venezolanos les negaron protección en Curazao” al que tuvo acceso el Nuevo Herald y en el que esa organización detalla una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos de quienes buscan refugio en la isla caribeña huyendo de la grave crisis económica y política de Venezuela.

“Es una desgracia que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento eficaz para las personas que soliciten asilo. En lugar de darle la espalda a las personas que huyen de una crisis desesperada en Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todos los solicitantes de asilo y refugiados que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para América.

Guevara-Rosas afirma que el gobierno de Curazao ha diseñado una “estrategia de deportación activa” para sacar del país a las personas con un estado migratorio irregular.

En 2017, deportaron a 1,203 venezolanos de la isla, que pertenece al Reino de los Países Bajos y está a 70 kilómetros de Venezuela, mientras que en los primeros cuatro meses de este año deportaron a otros 386, según las cifras de AI.

Estos serían algunos de los jóvenes venezolanos que emigraban en una embarcación que naufragó en aguas cercanas a Curazao en enero del 2018.

Cortesía Noticiaaldia.com

Venezuela está en estado de emergencia desde enero de 2016, con disidentes sometidos a hostigamiento e intimidación. La crisis alimentaria y de salud continúa empeorando, afectando especialmente a niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, dijo la organización.

Se estima que 2,3 millones de venezolanos han huido de esta “crisis sin precedentes en su país de acuerdo con la ONU, incluidas unas 5,000 a 15,000 personas actualmente en Curazao con estatus migratorio irregular”, señala el reporte.

En marzo de 2018, Acnur dijo que una proporción muy importante de los venezolanos que han huido del país necesita protección internacional. Sin embargo, AI denuncia que “las autoridades de Curazao no han ofrecido protección a los venezolanos que buscan refugio en la isla”.

“Aunque el gobierno de Curazao afirma que existe un procedimiento de asilo, la gente de Venezuela contó a Amnistía Internacional que, en la práctica, es casi imposible obtener protección”, indica el reporte.

El ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Stef Blok, dijo en abril pasado durante una visita a Curazao que los Países Bajos desplegarían el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) en esa isla para procesar la afluencia de refugiados venezolanos, de acuerdo con el Curacao Chronicle.

El IND separaría a los “verdaderos refugiados de los refugiados económicos”.

Blok consideró en esa ocasión que la recepción de refugiados en Curazao, Saint Maarten y Aruba, islas del Reino de los Países Bajos, es responsabilidad de las propias islas, y que existe un gran flujo migratorio desde Venezuela, pero estos son principalmente refugiados económicos.

“Llamé a la estación de Policía para preguntar dónde podía solicitar protección. El policía se rió y me dijo que no existía tal procedimiento”, dijo un miembro venezolano de una organización humanitaria citado sin identificar en el reporte.

El informe de AI indica irregularidades como que las autoridades detienen a los que están por ser deportados en centros de detención y celdas policiales. También se describe un caso en el que las autoridades pusieron a los niños bajo el cuidado de un hogar infantil estatal durante la detención de su madre por motivos migratorios.

Se trata de Natalia Saabedra, de 31 años, a quien arrestaron en una clínica dental donde trabajaba limpiando el consultorio luego de que alguien le dijo a la Policía que allí “empleaban a una extranjera indocumentada”.

Las autoridades pronto descubrieron que tenía dos hijos en la isla, de 6 años y 8 años, y los buscaron en la escuela para colocarlos en un hogar de cuidado. Después de 75 días de detención, los deportaron a todos. Pero antes a la mujer le negaron acceso a un abogado, no le dieron ropa limpia y funcionarios de Inmigración la intimidaron en cuatro ocasiones, según el relato de Saabedra a AI.

“Amnistía Internacional observó condiciones inexcusables en los centros de detención, como el hacinamiento, la falta de privacidad, la falta de higiene en las áreas de duchas y baños y la falta de ropa de cama adecuada. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos durante su arresto o detención, incluida la proposición de favores sexuales a cambio de toallas sanitarias y jabón”, señala el reporte.

Las autoridades de Curazao deben proteger a las personas que huyen de la crisis de Venezuela y poner fin a las “espantosas condiciones” que enfrentan al llegar a esa isla, dijo AI.

La organización solicitó a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados estableciendo un procedimiento de asilo justo y eficaz. También señaló que solo deberían usar la detención como último recurso, como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos, además de realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el arresto y la detención.

“El Reino de los Países Bajos debe investigar lo que está sucediendo en Curazao y debe ofrecer su apoyo y orientación para garantizar que los recién llegados reciban la protección que necesitan. El Reino no puede hacer la vista gorda mientras se violan los derechos humanos de las personas “, dijo la directora de AI para América, Guevara-Rosas.

Estos serían algunos de los jóvenes venezolanos que emigraban en una embarcación que naufragó en aguas cercanas a Curazao en enero del 2018. Cortesía Noticiaaldia.com

EL NUEVO HERALD